Introducción
Los datos aportados por Naciones Unidas muestran que, de manera sistemática, los mayores problemas psicosociales (delincuencia, violencia, consumo de alcohol y drogas, disfunciones familiares, trastornos de salud mental, suicidios y otros) se concentran en los segmentos más desfavorecidos de la población. Aquellos que, además, se ven afectados en sus oportunidades de desarrollo por las inequidades existentes (inadecuada empleabilidad, educación de baja calidad, deficiencias en el acceso a salud y justicia, etc.) agudizándose en niños, adolescentes y mujeres.
Son los niños y jóvenes el foco principal de la intervención psicosocial preventiva; protección, reparación y rehabilitación que los distintos Estados implementan a través de programas de política social, ejecutados en su mayoría por técnicos y profesionales de los ámbitos de Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Derecho, Criminología y otras profesiones afines. Si bien la comunidad científica internacional en las últimas décadas ha aportado sólida evidencia para la comprensión de estas problemáticas (su génesis, evolución y consecuencias) y para el diseño y evaluación de programas de intervención efectiva (lo que funciona y no funciona), este conocimiento aún no traspasa los límites de la formación reglada. Se requieren modalidades de diseminación distintas a las actuales para lograr un impacto mayor entre los profesionales que a diario trabajan con niños y adolescentes en situación de riesgo y/o en conflicto con la ley, pues la baja competencia para abordar tan alta complejidad puede producir efectos contrarios a lo buscado, agravando las problemáticas de base y el comportamiento transgresor.
La evidencia científica muestra lo iatrogénico de una formación no especializada en la intervención con población vulnerable. Siendo la infancia en riesgo la población más sensible al impacto de las políticas sociales y los jóvenes los más expuestos a la violencia (como víctimas y perpetradores), se justifica mejorar las competencias de los profesionales que intervienen en esta área, contribuyendo a promover la justicia e inclusión social, reducir la inequidad y pobreza, e incrementar la calidad educativa.
Se propone el desarrollo de un programa de formación especializada en dos etapas que pueda aportar en la mejora de las competencias profesionales para el trabajo en justicia juvenil y con infancia en riesgo, desarrollando capacidades de formación, investigación y desarrollo científico-tecnológico en las universidades participantes.
La finalidad es aportar a la reducción de la violencia delictiva y las condiciones de riesgo psicosocial en niños y adolescentes de los países participantes, contribuyendo al cumplimiento de al menos cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que propone Naciones Unidas: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (16), reducción de las desigualdades (10), fin de la pobreza (1) y educación de calidad (4). Siendo de especial relevancia la número 16 de ONU y específicamente la meta 16.2, “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”; impactando a través de ello en los ODS, 10 (inequidad), 1 (pobreza) y 4 (educación).
Por tanto, es evidente que la temática de la red, así como el tópico que aborda, es de máxima actualidad y de gran interés social y científico. Además, el nombre que la aglutina es una definición reconocible en los mundos académicos y profesionales en los que se pretende desenvolver, con objetivos muy directos sobre los dos elementos claves a abordar, la formación de profesionales especializados y el desarrollo de competencias académicas expertas en las universidades sede, para sostener programas de formación continua para profesionales, y para desarrollar investigación y transferencia tecnológica hacia las instituciones responsables de la justicia juvenil. Finalmente, no existe ninguna red en el ámbito de AUIP que aborde esta temática con carácter exclusivo y centrado en la intervención.
